En el V Encuentro Mundial por la salud de las Mujeres realizado en San José de Costa Rica en 1987, las organizaciones del movimiento social determinamos esta fecha como Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. El #28M es un día de reivindicación feminista que denuncia la morbilidad y mortalidad vinculadas a riesgos evitables durante el embarazo, parto, puerperio y aborto, que evidencian los niveles de injusticia social, económica y de género que nos atraviesan. Desde entonces, a lo largo y ancho del mundo, nos organizamos para exigir el derecho a una salud integral con políticas que aseguren el acceso universal a los servicios de calidad que permitan ejercerla, sin discriminaciones.
En diciembre de 2020 una adolescente de 14 años muere en un proceso de aborto legal en
el interior del país y a casi seis meses de esta tragedia, no hay respuestas de las
autoridades sobre lo sucedido.
En 2021 fallecieron cinco embarazadas por Covid-19 y otras mujeres, durante el parto, padecieron desatención y maltrato, se les impidió estar acompañadas como les asegura la ley, no siempre hubo trato humanizado y se registraron arbitrariedades por parte de algunos
profesionales e instituciones de salud que impusieron sus criterios sin respetar derechos.
Se debilitaron los servicios de aborto legal con la acción discrecional de los equipos, interpretaciones restrictivas de la ley o demoras innecesarias en la atención que, en muchos casos, expulsaron a las mujeres del sistema poniéndolas en mayor riesgo en medio de una pandemia.
No está disponible la información de 2020 sobre embarazo adolescente ni sobre la incidencia del aborto legal en el país, incumpliendo el MSP lo que la ley 18987 exige de suministrar información semestralmente sobre el funcionamiento de los servicios IVE.
Nuestras demandas 28M 2021
En este Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, en Uruguay demandamos el respeto irrestricto a nuestra condición de sujetos de derechos y ciudadanas plenas con capacidad ética y moral de tomar nuestras propias decisiones.
El Estado uruguayo debe cumplir con los compromisos asumidos ante el sistema internacional de Naciones Unidas que lo ubican entre los países de avanzada en la región al respetar la laicidad de sus marcos normativos y políticos, el derecho de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como población prioritaria en los esfuerzos para asegurar igualdad de oportunidades para su desarrollo, sin exclusiones. El acceso a la educación, incluida la educación sexual basada en evidencia, como parte fundamental de los procesos de socialización, que debe garantizarse en todas las etapas de la vida y niveles educativos.
Avanzar sobre los logros alcanzados en el proceso de incorporar a la agenda de derechos a amplios sectores de la población históricamente vulnerados. Erradicar toda forma de violencia y discriminación incluida la basada en género.
Por este motivo, nuevamente volvemos a exigir:
- Pronunciamiento del gobierno nacional sobre importancia, prioridades y cometidos en Salud Sexual y Reproductiva en esta Administración. ¡Basta de silencio!
- Informar y difundir ampliamente a la población sobre el funcionamiento y la disponibilidad de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva incluyendo: atención
para adolescentes, aborto, anticoncepción, embarazo, parto y puerperio, hormonización para personas trans, reproducción asistida y VIH+ITS.
- Fiscalización de las instituciones del SNIS tanto públicas como privadas con normativas y guías clínicas que garanticen el acceso universal y sin restricciones a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva.
- Actualización y disponibilidad de los datos del 2020 de embarazo adolescente y sobre la incidencia del aborto legal en el país. El MSP debe cumplir la ley 18.987
que exige suministrar información semestralmente sobre el funcionamiento de los servicios IVE.
- Explicitación del presupuesto y nivel de insumos requeridos para el funcionamiento adecuado de la SSyR.
- Fortalecimiento de los sistemas de denuncia cuando los derechos son vulnerados y mecanismos de reparación a las víctimas.
- Superación de barreras detectadas en el funcionamiento de los servicios legales de aborto como así también los altos niveles de objeción de conciencia por parte de los profesionales de la ginecología.
- Reglamentación y uso de la telemedicina en SSyR como mecanismo para asegurar el acceso universal y así evitar demoras que terminan en fugas del sistema.
- Instancias de diálogo y participación de las organizaciones de la sociedad civil que tenemos el acumulado sobre la instalación de estas políticas públicas.
- Transparencia y rendición de cuentas en este campo de la salud y los derechos de las mujeres y disidencias de todas las edades y condiciones.
La pandemia por COVID 19 es un problema pero no puede ser una excusa.
La Salud Sexual y Reproductiva también es vital
Comments