Las mujeres sobrevivientes de diversas manifestaciones de violencia basada en género, cada vez con mayor frecuencia, toman la decisión de poner en palabras las violencias vividas.
Ante ello y en los dos últimos años con mayor énfasis, hemos detectado por parte de jerarcas de instituciones públicas y organizaciones privadas la práctica de denunciar ante Fiscalía hechos y conductas que no constituyen delito alguno y cuyo archivo es el destino lógico. Venimos sistematizando dicha práctica para poder estudiarla a fondo y entender las razones o sinrazones que conducen a ella. Si bien hoy no podemos afirmar que existe una intencionalidad de utilizar el sistema a sabiendas que el destino es el archivo, lo cierto es que podemos afirmar que la práctica está instalada, que suele utilizarse como excusa para no iniciar las investigaciones internas que la Ley N° 19.580 y N° 18.561 les obliga realicen en su órbita institucional y para luego deslegitimar las acciones y las voces de las víctimas sobrevivientes.
La lectura lineal y nefasta que se realiza del archivo fiscal es que la manifestación o manifestaciones de violencia basada en género no existieron y en ocasiones, que las víctimas que pusieron en palabras a la violencia, lisa y llanamente mintieron. En resumen: si no hay delito no hay violencia basada en género. Lectura errónea, usualmente es amplificada por la prensa llegando así a la ciudadanía. Si las manifestaciones de violencia hacia las mujeres basada en género que ocurren en un ámbito intrainstitucional no constituyen delito alguno, la pregunta que se impone es: ¿para que se denuncian penalmente?. Y en la búsqueda de respuestas, iniciamos una etapa de discusión en grupos de profesionales del derecho con trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las humanas.
Finalizado el análisis posterior, realizaremos una publicación a efectos de colectivizar la experiencia.
